La Cámara de Cuentas desvela que Plaza de España San Fernando operó como entidad privada siendo pública

El Informe de Auditoría pone negro sobre blanco las operaciones de la Vaquería, la Casa de Campo o Plaza de España

Después de muchos años, se acabó el oscurantismo sobre la situación económica real del Ayuntamiento de San Fernando. Y la encargada de poner luz y taquígrafos sobre la gestión en la localidad no ha sido otra que la Cámara de Cuentas en la auditoría realizada a las cuentas del año 2012.

Y es que la Cámara dedica un extensísimo informe a desvelar cómo ha funcionado el Consistorio, y detecta una serie de fallos en la gestión que les lleva a escribir nueve recomendaciones, o recordatorios de cumplimientos legales cuyo incumplimiento podría provocar la deriva del Informe al Tribunal de Cuentas.

Así, por ejemplo, la Cámara detecta que los procedimientos de gestión son “inadeacuados”: “Así, no se ha aprobado el Reglamento Orgánico previsto en el artículo 22.2.d) LRBRL, ni otras normas de carácter organizativo que asignen formalmente funciones y competencias a los distintos servicios y unidades del Ayuntamiento, salvo supuestos parciales. No consta la aprobación, por los Órganos de Gobierno, de normas o instrucciones que regulen los procedimientos de gasto, que desarrollen suficientemente la normativa ya existente, estatal y de la Comunidad de Madrid. Así, debiera regularse adecuadamente, entre otros aspectos, la confección y aprobación de las nóminas, la documentación justificativa de las variaciones que debe aportarse al Interventor para la fiscalización de la nómina de cada mes y la comunicación al inventario de los gastos que deban incrementar el valor de los bienes y derechos inventariables”, explica el Informe.

Pero además descubre que la localidad ha tenido, en algunos tiempos cubiertos los puestos de Secretario, Interventor y Tesorero por personal no habilitado por el Ministerio de Hacienda: “Los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal han sido cubiertos con carácter accidental en diversos periodos, particularmente el puesto de Interventor y el de Secretario”. También carga contra la forma de realizar los Presupuestos municipales: “No se han establecido procedimientos y criterios que permitan asegurar el conocimiento por la Intervención de los riesgos susceptibles de afectar a la situación económicofinanciera del Ayuntamiento, para la valoración y contabilización de los pasivos y contingencias Esta limitación afecta especialmente al cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería”.

Además, la Cámara desvela que San Fernando no actualiza su inventario de bienes desde 1992 (el PP llevó una moción al respecto al Pleno de hace unos meses), y critica que se prorrogasen los Presupuestos durante dos años seguidos. Además carga contra el hecho de que, en un sólo año se realizasen 42 modificaciones presupuestarias, muchas de ellas a través del uso del remanente de crédito, y descubre un fuerte incumplimiento en los objetivos del Plan de Ajuste.

La Cámara también cuenta que los puestos de trabajo municipales “no se han definido y valorado con arreglo a la ley”. También sobre personal desvela lo ocurrido con los dos polémicos contratos de Alta Dirección: “En julio de 2011 se aprobó por el Pleno la “Propuesta de nombramiento, naturaleza y retribuciones del personal eventual”, por la que se suprimen determinados puestos eventuales y se modifica el puesto de Asesor Jurídico de Alcaldía, restringiendo sus funciones a las específicamente calificadas de confianza o asesoramiento, perdiendo las funciones de gestión de planeamiento, en materia de planes estratégicos de industria y de medio ambiente, así como de representación y defensa de la Corporación en litigios municipales. Tras el Pleno, el Alcalde convocó sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, en la que propuso la contratación de dos puestos de personal de alta dirección, de Asesor Jurídico de Alcaldía y de Director de Urbanismo e Industria, con las mismas funciones y retribuciones que les estaban siendo aplicadas a las personas que antes ocupaban como personal eventual los puestos de la misma denominación. El Técnico Jurídico de Gestión Urbanística, actuando en nombre y representación de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento, interpuso Recurso ContenciosoAdministrativo frente al Acuerdo adoptado por la JGL, en virtud del cual se autorizaron los contratos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso y dictó sentencia en septiembre de 2014, declarando que la resolución adoptada por la Junta de Gobierno Local no era ajustada a derecho, anulando la misma y consiguientemente los dos contratos. El Departamento de Personal no ordenó ningún acto de cumplimiento de la misma, por cuanto ambos contratos anulados se habían ya extinguido el 4 de abril de 2013”.

Por otra parte, el Órgano Fiscalizador pide al Consistorio una subida de las tasas municipales: “Los servicios financiados con tasas son fuertemente deficitarios, lo que aconseja la reconsideración de las tasas y precios públicos correspondientes. Los Departamentos de Rentas, de Tesorería y de Intervención no reciben documentación justificativa adecuada de los ingresos de los polideportivos”.

Pero además de sobre la gestión interna la Cámara desvela cómo se fraguaron y cómo se encuentra la situación económica de los grandes proyectos que han centralizado la actualidad en la localidad sanfernandina: la Vaquería, la Casa de Campo y Plaza de España.

En una parte muy extensa del informe, la Cámara detalla las actuaciones presentando un panorama muy complicado para las arcas municipales: “El PGOU de San Fernando de Henares aprobado en 2002 incluía la expropiación de la AE-9 SG-EXP5 (finca El Batán). El Ayuntamiento paralizó el procedimiento, una vez iniciado y en 2012, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se requiere al Ayuntamiento que se continúe con el expediente expropiatorio y se remita al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid. En esta sentencia se condena al Ayuntamiento a pagar 251 m€ de costas judiciales, pendientes de reconocer en cuentas. Con fecha 19 de julio de 2012, el Ayuntamiento comunica al juzgado la imposibilidad de dotar una partida presupuestaria para el pago del justiprecio y, en consecuencia, se acuerda la suspensión de la ejecutividad de la sentencia hasta que se produzca un cambio de la situación económica y se pueda dotar el presupuesto de la cantidad necesaria para culminar la expropiación. Por otra parte, en octubre de 2013, el Pleno aprueba el desistimiento de la expropiación forzosa de la finca "El Batán", toda vez que el Ayuntamiento no había ocupado los terrenos y tampoco estaba fijado el justiprecio, y solicitar la devolución del expediente al Jurado de Expropiación. Ante esta situación, el expropiado acudió nuevamente a los Tribunales, que finalmente estiman su demanda en 2014, anulando el acuerdo de octubre de 2013, “al dictarse en fraude de ley y con la intención de no cumplir la Sentencia que se dictó en el Procedimiento 104/2009…”. Una vez reanudada la expropiación, en cumplimiento de la sentencia de 2014, y remitido el expediente al Jurado Territorial de Expropiación, finalmente éste dicta Resolución en marzo de 2015. El Jurado considera el suelo expropiado como suelo rústico, por lo que la Resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la CM acepta la indemnización fijada por el Órgano expropiante que asciende a un valor total de 1.941 m€. Esta operación debió ser provisionada en 2013, y por los hechos posteriores conocidos, supone un detrimento del remanente de tesorería del Ayuntamiento de 1.941 m€, más el importe de los intereses legales que procedan desde la iniciación del expediente de expropiación en 2005, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52, 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, según recoge la indicada sentencia”, explica la Cámara sobre la situación de la Vaquería.

Sobre la Casa de Campo la auditoría también desvela todo lo ocurrido en la negociación con AENA: “El Pleno de la Corporación en 2009 aprobó inicialmente el Proyecto de delimitación y expropiación de la Zona Norte del Parque del Sureste. Los terrenos objeto de expropiación se encuentran en el entorno de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. La Comunidad de Madrid había aprobado, en 1994, la declaración de Parque Regional de dichos terrenos, estableciendo un régimen jurídico especial. En 2001 tuvo lugar la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid, que estableció que, dado que el proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Barajas afectaba al río Jarama, AENA elaboraría un proyecto de medidas compensatorias para garantizar el mantenimiento de los valores que motivaron la designación del área como Lugar de Importancia Comunitaria. El Ayuntamiento y la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), suscribieron en 2009 un Convenio de Colaboración, cuyo objeto era la cesión del uso, por parte del Ayuntamiento a AENA, de unas fincas, las cuales previamente debía adquirir el Ayuntamiento, dentro del ámbito de la cuenca de los ríos Jarama y Henares, para que AENA pudiera llevar a cabo la restauración ambiental, a efectos de mejorar la biodiversidad de dicho espacio, la recuperación de los hábitats naturales, y contribuir a la restauración del medio natural, comprometiéndose AENA a pagar al Ayuntamiento el importe de la adquisición de las fincas hasta la cantidad máxima de 34.502 € por hectárea. La superficie afectada por la expropiación sumaba 2.666.106,48 metros cuadrados y el total de la operación ascendía a 9.199 m€. Tres entidades interpusieron recursos contencioso-administrativos por la caducidad del expediente de expropiación. Analizado el procedimiento de expropiación iniciado por el Ayuntamiento y las alegaciones realizadas, el Letrado Director de dichos procedimientos informó de la conveniencia de solicitar el allanamiento a las demandas presentadas, sin entrar a analizar otras causas de impugnación, ante la existencia de la caducidad del expediente, tras lo cual, quedaron fuera del procedimiento de expropiación las parcelas correspondientes a estos tres propietarios que por sí solos sumaban 1.218.473 m2, el 46% de la superficie prevista en el Convenio. Se continuó a partir de ese momento el procedimiento de expropiación con los restantes propietarios, extendiéndose Actas de Ocupación entre octubre y diciembre de 2011 correspondientes a una superficie de 703.172 m2; además quedan otros 744.461 m2 correspondientes a propietarios con los que no se extendió el Acta de Ocupación, respecto de los cuales el procedimiento se encuentra paralizado. No se ha producido tampoco el pago de las expropiaciones que cuentan con Acta de ocupación. De acuerdo con el Informe del Arquitecto municipal, de julio de 2013, el precio pactado con AENA es muy inferior al resultante de las Actas de ocupación, cuyas valoraciones, por otra parte, son muy superiores al valor real. Así frente al precio pactado con AENA, que supondría 2.426 m€, lo aprobado en las Actas supone 12.097 m€, que se descompondría en 1.304 m€ en efectivo y mediante la entrega de parcelas municipales, otros 10.793 m€. Por otra parte, manifiesta el Arquitecto que las parcelas a entregar están, a su vez, infravaloradas, pudiendo estimarse su valor real en 21.971 m€, lo que implicaría un perjuicio adicional de 11.178 m€. En consecuencia, la operación representaría una importante carga para el Municipio. AENA había adelantado 1.620 m€ que en septiembre de 2013 reclamó, al no haber ocupado los terrenos y que el Ayuntamiento deberá devolver al haber incumplido las condiciones del Convenio”.

Pero, por supuesto, la “joya de la corona” del Informe es Plaza de España San Fernando, una sociedad que, según la cámara, operaba como entidad de derecho privado aún siendo enteramente pública (los propietarios de las viviendas nunca tuvieron ni voz ni voto en el Consejo de Administración de la entidad). La Cámara explica cómo comenzó todo, y permite así tener una visión más global sobre el asunto: el Consistorio crea una sociedad mixta que funciona sin aportaciones dinerarias, y en la que las acciones se reciben en función de un pago en especie (los vecinos, sus casas; y el Ayuntamiento, la Plaza municipal)”.

Pero, explica el informe, los problemas comienzan ya en el inicio: “No constan Informes del Secretario ni del Interventor del Ayuntamiento, pese a tratarse de operaciones, con contenido económico, sometidas a la decisión del Pleno de la Corporación. En el Pleno de 28 de mayo de 2008 fue aprobado por unanimidad el expediente (primera propuesta del Acta), incluido expresamente el modelo de Convenio (punto 3º). Entre la documentación aportada, incluida en el expediente desarrollado en 2008, figuran los siguientes Informes: - El Anteproyecto de Edificación y Rehabilitación de la UE1 incluye en su punto 5 un Estudio Económico y financiero. Sin embargo no constan cuadros de superficies ni estudio económico; - Informe sobre “Justiprecio de la Expropiación Unidad de Ejecución 1, conjunto de la Plaza de España”, elaborado por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, firmado por la Jefa de los Servicios Técnicos de Política Territorial; - Informe Técnico sobre “Viabilidad de la expropiación por mutuo acuerdo y pago en especie Unidad de Ejecución 1, conjunto de la Plaza de España” elaborado por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, firmado por la Jefa de los Servicios Técnicos de Política Territorial; - Presupuestos de construcción, elaborados por Hermoso y Heimannsfeld, S.L; - Estudio de viabilidad de la Remodelación de la Plaza de España, suscrito por Woodman, S.L; - Informe jurídico firmado por la Asesora Jurídica de Alcaldía y por la Directora del Área de Urbanismo, ambas personal eventual del Ayuntamiento”.

“En julio de 2008, se constituyó mediante escritura pública la sociedad limitada Plaza de España San Fernando, S.L. (PESFSL), compareciendo los propietarios de los 38 inmuebles que conforman la UE-1 y en nombre y representación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, su Alcalde-Presidente. El capital social de la entidad se fijó en 18.727 m€ dividido en 26.711 participaciones sociales de 701,1€ de valor nominal cada una, todas ellas suscritas mediante aportaciones no dinerarias. El Ayuntamiento suscribió 13.088 participaciones sociales (el 49%), con un valor global de 9.176 m€, y los propietarios de las fincas expropiadas, las restantes 13.623 participaciones (51%). La aportación realizada por el Ayuntamiento estaba constituida por lo siguiente: - Resto del aprovechamiento que se materializará en la unidad, una vez terminada la actuación y que se estima en 10.000 metros cuadrados, la urbanización y la concesión para la urbanización; - Finca urbana, no inscrita inicialmente en el Registro de la Propiedad, pero sí en el inventario de infraestructuras del Ayuntamiento, y que se corresponde con la propia Plaza de España cuyo entorno se va a rehabilitar”, explican.

La Cámara critica la elección de una forma jurídica que no es representativa del verdadero funcionamiento de la entidad: “La elección de la forma jurídica, de sociedad de responsabilidad limitada, ha permitido la constitución de la Sociedad sin los informes periciales sobre las aportaciones no dinerarias que sí hubieran sido necesarios de constituirse como sociedad anónima, y que habrían debido entrar a valorar si un bien de dominio público afecto al uso general, como es una plaza pública, que se encuentra fuera del comercio, puede ser aportado al capital de una sociedad mercantil, y si es posible atribuirle un valor a efectos de la aportación. No constan valoraciones que permitan determinar si el capital social y el reparto accionarial entre el Ayuntamiento y los propietarios de los inmuebles tiene una base económica real. En este sentido, se ha aportado Informe del Arquitecto municipal emitido en 2014, a solicitud de la Interventora Accidental, que pone en cuestión la realidad de las aportaciones, la viabilidad económica del proyecto en su conjunto, y no alcanza a pronunciarse acerca de la valoración económica de las participaciones en poder del Ayuntamiento. De acuerdo con los estatutos, del total de las acciones, carecen del derecho de voto 13.355 de ellas, ninguna de las cuales le corresponde al Ayuntamiento, por lo que éste dispone desde la constitución del 98% de los derechos de voto en la Junta General, lo que le otorgaba el control efectivo de la sociedad al Pleno del Ayuntamiento, por cuanto podía designar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, aunque no tuviera la mayoría del capital en ese momento, y no pudiera ser considerada como perteneciente al sector público a efectos patrimoniales, contables y presupuestarios. Según los estatutos, el Consejo de Administración estará presidido por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, corno Presidente Nato. Los miembros de la Corporación podrán formar parte del Consejo de Administración y los Grupos Políticos que tengan representación en la Corporación podrán designar a miembros del Consejo con arreglo a su proporción. Los vecinos expropiados, con arreglo al Convenio de expropiación firmado por cada uno de ellos con el Ayuntamiento, no se verán obligados a realizar ninguna aportación adicional a la Sociedad, siendo el Ayuntamiento de San Fernando el garante de la financiación de las actuaciones desarrolladas por la beneficiaria de la expropiación (Plaza de España San Fernando, S.L.) y teniendo derecho a ser resarcidos de la expropiación mediante el pago del justiprecio previsto, en la forma de inmuebles ya rehabilitados (apartados tercero y duodécimo), determinados con carácter definitivo con ocasión del Acta de ocupación de los bienes expropiados”.

La cosa se complicaba aún más con la entrada en la Sociedad de los vecinos de otros dos bloques: “Posteriormente se incorporaron a la actuación los propietarios de las viviendas de dos bloques anexos existentes, sitos en el nº 14 de la calle Gonzalo de Córdoba y en el nº 9 de la calle Coslada, edificios que no pertenecían a la unidad urbanística sobre la que se operaba (UE-1), ni se había, en consecuencia, aprobado su expropiación, no obstante lo cual, los gestores de la Sociedad los integraron en el conjunto del proyecto. En febrero de 2009 se eleva a escritura pública la ampliación en 4.069 m€, correspondientes a 5.804 nuevas participaciones sociales de 701,10 €. En esta nueva ampliación, el Ayuntamiento mantiene su porcentaje de participación mediante las aportaciones siguientes: “la urbanización, la cesión del 10% que le corresponde del aprovechamiento urbanístico de la UE1 y el resto del aprovechamiento correspondiente a la Unidad Subterránea que resta después de devolver a los propietarios, y asciende a 8.266 m2”. Sin embargo, la urbanización, ya se mencionaba en la escritura de constitución por lo que no sería posible volver a aportarla, sin entrar a valorar su procedencia a los efectos de integrar el capital de una sociedad mercantil; en relación con la cesión urbanística del 10%, al tratarse de una unidad de ejecución gestionada mediante el sistema de expropiación, no existía la citada cesión, y la propia ficha de la unidad de actuación así lo reflejaba; respecto del aprovechamiento del subsuelo de la Plaza de España, teóricamente ya no era de la titularidad del Ayuntamiento, al supuestamente haberse transmitido a la Sociedad la propiedad sobre la Plaza misma, considerada en la escritura de constitución como “finca urbana”, y, en cualquier caso, no estaba permitido todavía en ese momento, por el PGOU vigente, la construcción del aparcamiento proyectado. De nuevo no se han aportado valoraciones que sustenten la efectividad de las aportaciones realizadas. De acuerdo con la documentación aportada por el Ayuntamiento, las obras no se han ejecutado en su totalidad. Las correspondientes a la denominada “ZONA SUR”, realizadas por la entidad “Isolux Corsam”, se ejecutaron en un porcentaje del 80%, y en un 93% las obras del aparcamiento, a tenor de la certificación Nº 14, de julio de 2011. Las obras de la denominada “ZONA NORTE” se ejecutaron por la entidad “Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.”, en un 99%, según la certificación Nº 22, de julio de 2011”.

Sin embargo, la obra siempre fue deficitaria y en octubre de 2012, justo cuando el ex alcalde comenzaba la huelga de hambre, la entidad entró en un camino de no retorno: “Ante los problemas surgidos por la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones contractuales, tras la presentación de reclamaciones de pago por parte de los contratistas, la entidad solicitó, en octubre de 2012, la declaración de concurso voluntario de acreedores, situación en la que es declarada en febrero de 2013. En abril de 2013 se eleva a definitivo el informe emitido por la Administración concursal, con un pasivo de 93.609 m€ y un activo de 103.325 m€. No obstante, entre los pasivos cuantificados no se incluyen las obligaciones que surgen con los propietarios en virtud de los Convenios de expropiación. Este proceder se justifica, en el Informe Definitivo del Administrador concursal, sobre la base de que las indicadas deudas se encontraban pendientes de cumplimiento, situándose las fechas de vencimiento de dichas obligaciones en junio y julio de 2013, de lo que deduce el Administrador concursal que las obligaciones no se encontraban vencidas ni eran exigibles. Por Auto de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Madrid, se resolvió disolver la Sociedad, ordenando proceder a la liquidación de la misma. En diciembre de 2014 el Administrador concursal presentó el Plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. En mayo de 2015 se dicta Auto por el que se aprueba el Plan de liquidación y se ordena la formación de pieza separada para la calificación del concurso. En junio de 2015, el Ayuntamiento ha solicitado la personación en el procedimiento de calificación del concurso, así como la calificación del mismo como culpable, basándose en los hechos siguientes: • Incumplimiento de la obligación de legalización de los libros de contabilidad. • Legalización tardía del libro de actas y del libro registro de socios • Incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas anuales • Actuaciones irregulares en relación con Woodman, S.L. • Actuaciones realizadas al margen del mandato plenario de San Fernando de Henares. • Destrucción de documentación contable y societaria. • Actuaciones encaminadas al vaciamiento patrimonial • Temeridad en la gestión • Otras irregularidades”.