Imputado el ex alcalde de San Fernando tras ser embargada una plaza pública

Una asociación ha presentado una denuncia en el juzgado al considerar que el Ayuntamiento no puede enajenar bienes como la Plaza de España de la localidad en una operación económica

El juzgado número 5 de Coslada ha citado a declarar al ex alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién (IU), como imputado por el caso de la Plaza de España, según confirman fuentes jurídicas.

Precisamente, ayer tomó posesión de su cargo el nuevo primer edil de la localidad, Ángel Moreno (IU), que tendrá que gestionar este procedimiento judicial, tras la dimisión de Setién el mes pasado.

Julio Setién tendrá que responder ante el juez tras la denuncia que presentó en el juzgado la Asociación Cívico Cultural El Molino de San Fernando.

El Ayuntamiento de San Fernando quiso remodelar la Plaza de España de esa localidad para lo cual creó una empresa con participación privada de los propietarios de inmuebles. Estos vecinos aportaban a la sociedad las viviendas, que iban a ser rehabilitadas y entregadas de nuevo. El Ayuntamiento aportaba los futuros aprovechamientos. La crisis congeló la venta de locales, viviendas, oficinas y garajes que iban a financiar la operación. Como no se vendió un metro cuadrado y la empresa dejó de pagar a los constructores, éstos forzaron el embargo de la primera plaza pública de España.

Los denunciantes señalaron que los bienes de dominio público afectados a un uso público son «inalienables, es decir, que no pueden ser enajenados por ninguna clase de título tal y como prescriben un buen puñado de disposiciones legales vigentes».

Consideran los denunciantes que la Plaza de España está fuera de comercio y hoy aparece embargada por dos juzgados de 1ª Instancia de Coslada o hipotecados por Bankia.

También entienden que en el proceso concursal podría llegar a ser subastada la sociedad mercantil Plaza de España, cuyo activo es precisamente esa plaza pública.

Denuncian que se han cometido numerosos actos ilícitos y añaden que han podido participar de una u otra forma «nada menos que tres fedatarios públicos: secretario del Ayuntamiento, notario y registrador de la propiedad», además de miembros del equipo de Gobierno y cargos electos.

La denuncia señala que «en absoluto es cierto que el alcalde estuviera facultado por el pleno municipal para aportar la finca de la Plaza de España a la sociedad mercantil, ni, desde luego, que ello se desprendiera del certificado exhibido ante la registradora de la propiedad».

«Ningún órgano plenario -señalan- autorizó al señor alcalde de San Fernando de Henares, contra lo que se afirma en la escritura y en el asiento registral ya referido, ni a enajenar la Plaza de España ni, desde luego, a que dicha enajenación tuviese por objeto su aportación no dineraria a sociedad de ninguna clase».

Los denunciantes dicen que el alcalde realizó ante notario, cuando se constituyó la sociedad, un acto de disposición del bien demanial municipal de la Plaza de España, con calificación de espacio de uso público, sin el acuerdo preceptivo del Pleno Municipal. Tampoco hubo expediente de desafección alguno, ni previa información pública, «así como la preceptiva autorización del órgano directivo regional de la Dirección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid».

Consideran que el Pleno municipal dio facultades para constituir la sociedad mercantil mixta, «pero en absoluto para que enajenara en la modalidad de aportación de finca alguna de titularidad municipal a la sociedad mercantil mixta y, mucho menos, un bien demanial de uso público como es la Plaza de España».

La acusación considera que estos hechos pueden ser delitos de falsedad en documentos públicos. Tras relatar algunas presuntas irregularidades más piden que se investiguen otros 18 posibles delitos de estafa.